Violencia estudiantil: inaceptable retroceso
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A sólo días de un plebiscito constitucional que emitió un resultado inapelable y con una participación históricamente alta, el país observa con impotencia y asombro el retorno de la violencia callejera en partes de Santiago, esta vez de la mano de estudiantes secundarios, con inevitables reminiscencias al 18-O.
Bajo la supuesta consigna de demandas por mejoras en la infraestructura escolar y en la calidad de la educación estatal, grupos de menores de edad -con participación de adultos, por cierto, como ha revelado el control policial de los desmanes- vuelven a protagonizar violentos choques con Carabineros, destrucción de propiedad pública, cortes de tránsito y paralización de servicios como el transporte urbano (con quema de buses y vandalización de instalaciones del Metro, entre otros incidentes).
Que grupos de escolares tomen como rehén a la capital, usando la violencia, no puede ser permitido y arriesga una destructiva espiral de radicalización.
Dos elementos asoman como especialmente preocupantes, amén de contradictorios. Por un lado, el recurso a la violencia en pro del tipo de demandas mencionadas es una vía segura de hacer más difícil y costoso que ellas sean satisfechas. El primer blanco de muchos estudiantes movilizados de esta manera son sus propios colegios, que sufren daños a su infraestructura y la suspensión de clases, como evidencia la dolorosa situación de los otrora “liceos emblemáticos”
Por otra parte, en las protestas comienza a escucharse un llamado a “asamblea constituyente”, lo que no sólo nada tiene que ver con los problemas de la educación, sino que representa la negación del proceso democrático de dos años que llevó al plebiscito del domingo, donde los chilenos se manifestaron inequívocamente, entre otras cosas, en contra del llamado “octubrismo” en su versión más destructiva.
Desde las autoridades se ha reaccionado con el anuncio de querellas por vandalismo y un llamado a que los padres se hagan más responsables por las acciones de sus hijos. Ambos mecanismos deben llevarse más allá del plano retórico y tener efectos en la práctica. Que los escolares tomen como rehenes a los ciudadanos de la capital, usando la violencia, no puede ser permitido y arriesga una espiral destructiva que sea aprovechada y alentada desde sectores políticamente radicalizados.